Territorios vulnerables e injusticia ambiental en Argentina
Miguel Lacabana
Dr. en Ciencias Sociales, Prof. Investigador Titular del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Argentina,Director del Programa Institucional Interdisciplinario de Intervención socio-ambiental (PIIdISA)
Clara Bressano
Doutoranda em Ciências Sociais e docente da Universidade de Buenos Aires
1. Introducción
La incorporación de Argentina en la senda del progreso implicó aceptar política, social y culturalmente, durante años, cierto nivel de contaminación como signo de vigorización industrial. La expansión industrial con el consiguiente desplazamiento residencial de los sectores de menores ingresos y asalariados de la industria no sólo fue el motor de la suburbanización sino que fue el signo, a costa de bajos controles en las emisiones de sustancias tóxicas y degradación ambiental, del desarrollo económico y empleo local en vastos partidos del conurbano.
La cuestión ambiental no se constituyó durante años en un problema con relevancia pública si bien existieron tímidas políticas públicas que tendieron a regular los efectos de polución industrial y sus efectos sobre la calidad de vida de las personas. Así, bajo la imagen de progreso y movilidad social los distintos partidos del conurbano tendieron a priorizar la instalación de industrias y con ello el tan mentado desarrollo local sin compatibilizar el derecho a “vivir y trabajar en un ambiente saludable” con el “derecho a un ambiente urbano sano” como nuevos derechos de ciudadanía.
Acercarnos a la realidad de la degradación ambiental urbana nos llevó a comprender la compleja articulación entre la corriente analítica y la discusión que analizan la distribución social y urbana de la degradación ambiental desde el la perspectiva de justicia ambiental. Consideramos que la perspectiva de análisis propuesta por el movimiento que dio origen al término justicia ambiental es fructífero en tanto modificó la perspectiva clásica de análisis sobre el problema de la degradación ambiental al establecer como principal interrogante no tanto las “causas” que producen tal degradación sino que interroga el proceso político, económico y social que consolida la desigual distribución social de las cargas nocivas de la polución.
Esta reflexión forma parte de los avances del proyecto de investigación “Territorios Vulnerables” que se lleva adelante en el Programa Institucional Interdisciplinario de Intervención Socioambiental (PIIdISA) y en el Centro de Desarrollo Territorial (CDT) de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Centrado originalmente en el tema del acceso social al agua en sentido complejo fue derivando hacia una dimensión más amplia que lo incluye: las condiciones de injusticia ambiental en que se encuentran los barrios seleccionados como objeto de estudio. Partimos entonces de una revisión crítica que impone la inequidad espacial y sus interacciones ambientales como socio territoriales en términos de justicia social y ambiental.
En este sentido, la noción de justicia ambiental permite avanzar conjuntamente con la noción de segregación espacial en el análisis propuesto. En relación a esta segregación, Brain, Cubillos y Sabatini (2007) plantean que los factores urbanos como la carencia de servicios e infraestructura de calidad se suman los problemas de accesibilidad mientras que en términos sociales se manifiesta en una creciente desintegración social (deserción escolar, desempleo, crimen, droga). A esta situación se le superpone, la mayor de las veces, un entorno de intensa contaminación ambiental que precariza aún más las condiciones de vida de los sectores populares de la periferia urbana. La segregación espacial que puede verse como aislamiento físico de esos sectores, invisibiliza su situación socioambiental y los conflictos que de ella se derivan.
En la primera parte se explicitan brevemente los aspectos metodológicos del abordaje del estudio de caso, seguidamente una breve discusión sobre (in) justicia ambiental, en la tercera su aplicación en la Argentina para pasar al análisis con detalle al caso en estudio y presentar las reflexiones finales.
2. Aspectos metodológicos
El Municipio de Quilmes es parte del Área Metropolitana de Buenos Aires en el llamado Conurbano sur, un continuo urbano que abarca desde la Capital (Ciudad Autónoma de Buenos Aires-CABA) hasta la ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires.
Imagen 1 – Municipio Quilmes – Conurbano sur de Buenos Aires
Fuente: Lab SIG/PIIdISA/UNQ 2016.
Quilmes tiene una población cercana a los 600.000 habitantes de los cuales el 35% aproximadamente vive en villas y asentamientos populares, la mayor parte de ellos en áreas vulnerables a la vera de los Arroyos San Francisco y Las Piedras.
Imagen 2 – Territorios vulnerables – Municipio de Quilmes
Fuente: Elaborado por Lab SIG/PIIdISA/UNQ 2016 con base en Google Maps.
Los aspectos conceptuales metodológicos del abordaje del tema bajo estudio se beneficia de las reflexiones llevadas adelante con la puesta en marcha del trabajo de campo y el análisis de sus resultados dando lugar a la imbricación de ambas dimensiones, teórica y empírica. Avanzamos sobre una revisión intencional de la justicia ambiental como marco interpretativo de la manifestación visible de los procesos urbanos que hacen a la diferenciación social. En este sentido, la repercusión social y los efectos ambientales son las coordenadas del enfoque conceptual metodológico, la mirada de la justicia ambiental, y no estrictamente la discusión del derecho positivo, que bien lo realizan los especialistas del campo.1
Los datos recabados por medio de encuestas a los vecinos del Barrio José Hernández ubicado en la localidad de Quilmes Oeste en la Provincia de Buenos Aires, nos permitió analizar distintos grados vulnerabilidad socio-ambiental y su impacto territorial atendiendo, principalmente, las desigualdades en la distribución de los riesgos dentro del barrio así como también las percepciones de sus habitantes en cuanto a su calidad de vida. Los primeros resultados de la investigación abrieron una serie de interrogantes en torno a cómo fue el proceso por el cual ciertas comunidades del conurbano soportan la mayor carga de los riesgos de contaminación producto de la instalación, en la cercanía de sus viviendas, de empresas contaminantes.
Para ello se seleccionaron 50 casos tomando en cuenta la heterogeneidad territorial al interior del barrio, cercanía a la planta papelera Massuh (calle 822) y a un “polo industrial informal” (calle 816) en otro extremo (este-oeste), cercanía a la avenida principal (Camino Gral. Belgrano) y al arroyo Las Piedras en los otros extremos (norte-sur) y localización en el centro del barrio alejado de estos límites. Además se llevaron a cabo entrevistas en profundidad a algunos líderes del barrio y a miembros de organizaciones barriales.
Este barrio se encuentra sometido a un intenso proceso de contaminación a partir de sus cuatro límites, por un lado la Papelera Massuh que si bien en este momento ha dejado de funcionara es responsable de importantes pasivos ambientales, el polo industrial informal de industrias contaminantes como graseras, alimentos para animales y otras, el arroyo Las Piedras uno de los cursos de agua más contaminado de esta subcuenca y, finalmente, la avenida con un intenso tránsito de vehículos livianos y pesados en forma permanente. La imagen siguiente ilustra estas condiciones.
Imagen 3 – Barrio José Hernández – Quilmes Oeste
Delimitación de Barrio José Hernández – Quilmes.
Avenida/Camino Gral. Belgrano – Arroyo Las Piedras / Calle 822 /Papelera Massuh – Calle 816/Polo Industrial.
Comprender este proceso en países periféricos como el nuestro requiere una explicación mucho más compleja que la “simple” imposición de industrias tóxicas en ciertas zonas que, con el paso del tiempo, se constituyen en lo que Bullard (2004) denomina “zonas de sacrificio”. En este sentido, el análisis de la distribución social y espacial de la degradación ambiental debe tener en cuenta una dimensión histórica que permita establecer el vínculo entre emplazamiento industrial, migración y urbanización para comprender la conformación de esas zonas en distintos partidos del conurbano bonaerense, específicamente en el Municipio de Quilmes (LACABANA; CARBALLO; BRESSANO, 2014).
Además hay que considerar que este municipio estima la existencia de 32 barrios considerados las “zonas más vulnerables” del Partido2 (Censo Social, 2010), Fidel et al. (2008), docentes e investigadores de la Universidad de Quilmes, contabilizaron en un estudio realizado en el año 2007, un total de 37 villas o asentamientos en todo el Partido. La zona con mayor densificación de estas urbanizaciones populares abarca las cuencas de los arroyos Santo Domingo, Las Piedras y San Francisco. Áreas que constituían antes de su ocupación un reservorio para los excesos hídricos de la zona. Por un lado pre existen los patrones de crecimiento industrial primigenio, el crecimiento urbano asociado y las tendencias de pauperización del hábitat que conlleva la formación de sistemas complejos de riesgo ambiental como productos y procesos.
En esta situación se encuentran los viejos barrios obreros consolidados, tensionados por la polarización social y ambiental. En algunos casos expuestos críticamente a estos procesos y a los impactos de la actividad industrial preexistente, como es el caso del barrio José Hernández. Trazar la especificidad de estos vínculos en los territorios analizados permite dimensionar la heterogeneidad territorial del municipio y del Área Metropolitana de Buenos Aires. Por último, entendemos que indagar y reconstruir esta cronología no sólo complejiza el análisis sobre la vulnerabilidad socio-ambiental sino que nos permite comprender cómo el proceso de degradación ambiental se torna, muchas veces, imperceptible para los habitantes más antiguos de estos barrios obreros del conurbano sur. En este sentido, se considera que el caso analizado no es atípico sino que, por el contrario, reproduce una situación extendida en el conurbano de Buenos Aires y otras áreas urbanas del interior de Argentina y que, sin duda, con sus peculiaridades es representativo del proceso de urbanización en la región.
3. Justicia ambiental
Por el origen del término la justicia ambiental se encuentra inextricablemente asociado a las luchas de una heterogeneidad de movimientos sociales cuyo rasgo característico es la defensa de sus lugares de residencia frente a la amenaza o denuncia de los efectos nocivos de la contaminación ambiental producido por la instalación de fábricas, vertederos etc.
El movimiento social que dio origen al término surgió en 1982 en Estados Unidos a partir de la manifestación de los habitantes de Warren Country en Carolina del Norte quienes se movilizaron contra la instalación de un depósito de PBC (bifenilos policlorados). La movilización implicó el arresto de más de 500 personas incluido un congresal de distrito de Columbia, Sr. Fauntroy y el Dr. Chavis Jr., director ejecutivo de la United Church of Christ (UCC) de la Comisión por la Justicia racial, organización que adquirirá una relevancia fundamental en la vinculación entre el movimiento que luego se denominará justicia ambiental y el ámbito académico y las investigaciones las cuales proveyeron datos empíricos para las denuncia pública de la injusticia ambiental.
A lo largo de esa década en Estados Unidos fueron extendiéndose las protestas y gestándose distintas organizaciones locales las cuales denunciaron y evidenciaron cómo las comunidades predominantemente negras e hispanas de bajos recursos soportaban la mayor carga de los riesgos de contaminación producto de la instalación, en la cercanía de sus localidades, de plantas de tratamiento, almacenamiento y eliminación de desechos peligrosos como vertederos e incineradores (DORSEY, 1997; LUI, 2000).3
3.1. Justicia ambiental y territorios vulnerables
Desde la perspectiva de la justicia ambiental el ambiente deja de ser pensado como un factor natural, independiente del ser humano, para constituirse en un espacio determinado, social y culturalmente. Es por ello que los problemas ambientales de un territorio se vinculan a cuestiones como la desinversión urbana, situación de clase de los habitantes de los barrios con mayor carga ambiental negativa, a las condiciones de acceso a la vivienda, los puestos de trabajo, la traza de barrios y el asentamiento de comunidades etc. Por lo que, toda investigación desde esta perspectiva requiere de un análisis necesariamente interdisciplinario.
Por otro lado, el problema de la justicia no solo adquiere relevancia en términos del derecho que toda comunidad tiene de acceder y disfrutar de un ambiente saludable sino como principio de investigación que orienta los interrogantes sobre las condiciones que permiten la distribución desigual de los riesgos ambientales. En este sentido, el problema de la justicia no se agota en la presuposición de modelos en donde la distribución de los riesgos podría mejorarse sino en comprender las condiciones sociales, culturales, simbólicas e institucionales que subyacen en la injusta distribución de esos daños.
Como afirma Bullard (2004), la justicia ambiental se estructura en base a tres categorías y criterios para dimensionar la equidad en las decisiones sobre política ambiental. Por un lado, la equidad de procedimientos supone que las reglamentaciones, criterios de evaluación y el cumplimiento de las leyes sean aplicados indistintamente en todas las regiones de modo no discriminatorio. Por otro, la equidad geográfica permite contemplar la localización y configuración espacial de las comunidades y su proximidad con distintas fuentes de riesgos ambientales, instalaciones tóxicas y el uso del suelo no deseados localmente. Y, por último, la equidad social sirve como criterio para evaluar cómo influyen factores sociológicos tales como la raza, la etnia, clase, estilos de vida colectiva, poder político etc., en el proceso de toma de decisiones ambientales (Bullard, 2004, p. 47). Comprender estas tres dimensiones permite develar los presupuestos subyacentes en las decisiones políticas que pueden conllevar la exposición diferencial a riesgos ambientales y protecciones desiguales en la población.
Estos territorios, social y ambientalmente vulnerables son espacios en donde se concentran tanto las carencias y el riesgo pero, a su vez, son también el lugar donde alcanzar muchas veces a manifestarse los conflictos ambientales y urbanos (Lacabana; Carballo, 2012). Estos conflictos, cuando emergen, alertan sobre la vulnerabilidad socio-territorial al tiempo que pueden desencadenar procesos que inspiran nuevas formas de concebir y abordar la planificación y las políticas. Esta planificación conflictual o planificación insurgente toma conceptual y metodológicamente la conflictividad ambiental y urbana como fundamento, información y dinámica sobre la cual y a partir de un nuevo sujeto planificador – colectivos sociales – se construyen las políticas y los proyectos (VAINER, 2010).
En este sentido, abordar el análisis de los problemas ambientales requiere recuperar las dimensiones sociales, económicas y políticas que permean la cuestión ambiental a partir del despliegue y desarrollo de metodologías que tengan como referencia estratégica la investigación y evaluación territorializada. En palabras de Freitas “la territorialización de las investigaciones y evaluaciones de los problemas ambientales debe permitir la definición de prioridades en términos de los problemas de los grupos sociales y poblacionales, permitiendo acceder a diagnósticos integrados” (2004, p. 150).
Dado que los problemas ambientales son problemas complejos en tanto interactúan múltiples factores y procesos, tanto de orden natural como social, se trata de reflexionar sobre complejidad e interdisciplinariedad para abordar estos problemas (GARCÍA, 1994).
Al estudiar el ambiente nos enfrentamos a situaciones complejas donde están involucrados la producción, la tecnología, la organización social, la economía y el medio físico y diversas instituciones incluyendo las universidades. El debate ha señalado diferentes aspectos teóricos y éticos, pero se ha perdido la visión integral de lo que significa seguir con el despojo de recursos naturales sin dar respuesta social a este tipo de apropiación de las condiciones ambientales de la población, es decir se ha dejado de lado a los sectores sociales más vulnerables. El concepto de Harvey (2004) sobre la acumulación mediante la desposesión, nos permite discutir y reflexionar sobre otros tipos relación sociedad-naturaleza que permitan romper, desde el conocimiento y la participación, con el círculo vicioso de pobreza y vulnerabilidad ambiental (LACABANA; CARBALLO, 2012)
Sendra et al. (2002) plantean desde una óptica del análisis espacial de la problemática ambiental la necesidad de reflexionar sobre la justicia espacial y la relación con la justicia ambiental. En las regiones metropolitanas diferenciadas por su función y por sus componentes sociales, la búsqueda de localizaciones para las actividades ambientalmente conflictivas como la basura, por ejemplo, se convirtió en una compleja tarea en la que, a los criterios físicos clásicos, hay que unir aquellos que eviten situaciones de desigualdad social y/o territorial. De allí que el autor repiensa el principio de justicia espacial, y plantea la distribución de los costes ambientales desde el objetivo de su reparto igualitario en el territorio. De esta manera la justicia ambiental, pretende evitar el impacto desigual de las amenazas ambientales sobre los grupos de población en desventaja y, por tanto, más vulnerables.
3.2. Justicia ambiental en Argentina
Si bien la noción de justicia ambiental ha adquirido trascendencia mundial, en América Latina tiene rasgos distintos al movimiento surgido en Estado Unidos. Si bien los grupos medioambientalistas en América Latina enfrentan y denuncian situaciones de injustica ambiental éstos no se han constituido en un movimiento que incorpore sus demandas en términos de ampliación de los derechos civiles como sí aconteció en los Estados Unidos (CARRUTHERS, 2008, p. 4). Por otro lado, salvo en países como Brasil o Chile los grupos ambientalistas no han articulado sus demandas bajo las mismas premisas e hipótesis que las articuladas por el movimiento de justicia ambiental aunque, como afirma Acselrad (2004), pueden reconocerse en los reclamos de esas luchas los mismos principios del movimiento norteamericano.
En Argentina, los distintos reclamos y demandas de los pobladores en contra de la instalación de minas, industrias, proyectos inmobiliarios o aquellos que reclaman el control de la contaminación son distintas manifestaciones de lo que Merlinsky denomina ambientalismo popular. La noción de justicia ambiental que prevalece en estas organizaciones muchas veces de base y autoconvocadas, “atraviesa la defensa de las condiciones de vida y la salud […] en el marco de disputas económicas, pero también en términos de valores culturales e identitarios” (MERLINSKY, 2013, p. 195).
Pese a las diferencias en el origen y principios que articulan los movimientos ambientalistas en Argentina, el concepto de justicia ambiental comenzó a ser orientativo en el análisis de aquellos conflictos ambientales que tomaron una reciente relevancia pública en el país. Sin embargo, frente a la escasa manifestación de conflictos ambientales en la Región Metropolitana de Buenos Aires uno de los interrogantes es cómo analizar y hacer visible las condiciones de degradación ambiental en las que están inmersos sus distintos habitantes, principalmente los habitantes del Partido de Quilmes, frente a la ausencia aparente de este tipo de conflictos.
Como sugiere Carruthers (2008), en América Latina los riesgos industriales parecieran distribuirse ampliamente a lo largo de las zonas metropolitanas o suburbanas, por lo que los emplazamientos de industrias contaminantes pueden hallarse dispersos en distintos barrios con características sociodemógráficas distintas. Si bien esta explicación no contradice el principio por el cual la mayor carga de los problemas ambientales recaen en los sectores de menores recursos, permite mediatizar las explicaciones que sostienen la imposición deliberada de instalaciones contaminantes en comunidades o barrios en donde predominan grupos poblacionales minoritarios o en condiciones de pobreza.
4. Conurbano sur de Buenos Aires: territorio de vulnerabilidad e injusticia ambiental
La incorporación de Argentina en la senda del progreso implicó aceptar – política, social y culturalmente – durante años cierto nivel de contaminación como signo de vigorización industrial. Así, entre 1940 y 1960, la expansión industrial hacia la periferia, con el consiguiente desplazamiento residencial, facilitado por el transporte público, de los sectores de menores ingresos y obreros asalariados de la industria sustitutiva de importaciones hacia la periferia urbana fue el motor de la suburbanización y la consiguiente consolidación de la primera y segunda corona del Gran Buenos Aires (DI VIRGILIO; VIO, 2009, p. 4).
Las transformaciones territoriales del conurbano sur bonaerense de fines del siglo XX han dejado un pasivo ambiental en términos de abandono de infraestructura urbana y contaminación. Para materializar este proceso basta con tomar el eje del conocido Camino General Belgrano que conecta con el partido de Lanús y atraviesa Avellaneda hasta el partido de Quilmes, ex zona industrial por excelencia. Esta arteria fue sin duda un eje fabril de alto dinamismo durante el modelo de sustitución de importaciones que hizo eco en las décadas subsiguientes en la consolidación de un espacio altamente especializado.
El mapa de ocupación y valorización industrial la comparten tanto la primera como la segunda corona del área metropolitana sur, con algunas singularidades que hacen al tipo de desarrollo industrial y el momento de consolidación de la trama urbana. Entre ellas la actividad industrial y las políticas públicas incentivaron la ocupación de un suelo urbano muchas veces por debajo de la cota de inundación en zonas atravesadas por arroyos, vertederos naturales de los efluentes industriales, al tiempo que se incentivó la instalación de fábricas como usinas de desarrollo económico y empleo local, a costa de bajos controles en las emisiones de sustancias tóxicas y degradación ambiental. La cuestión ambiental no era una preocupación social, por el contrario este modelo productivo de la actividad industrial fue ampliamente legitimado bajo la imagen de progreso y movilidad social (Carballo, 2000)
El proceso de industrialización desregulado y la falta de planificación urbana que consolidaron las dos primeras coronas del Gran Buenos Aires dan una percepción del conurbano bonaerense como un territorio con características homogéneas. Sin embargo, comprender cómo ciertas zonas del conurbano se constituyeron en áreas ambientalmente degradadas implica analizar a los distintos municipios que lo conforman como un espacio heterogéneo y extremadamente diferenciado (TORRES; MARQUES, 2001, p. 65).
De esta forma, en un mismo municipio como en el Partido de Quilmes coexisten zonas en donde la falta de regulación y planificación pública consolidan “zonas de sacrificio” en donde las industrias contaminantes y las empresas avanzan sobre poblaciones, política y económicamente empobrecidas (Bullard, 2004, p. 48) junto a zonas segregadas donde se combina condiciones de extrema pauperización, precarias condiciones materiales de vida y exposición acumulativa a diversos tipos de peligro ambiental denominadas “hiperperiferias” por Torres y Marques (2001) como la Villa Itatí.4
En este sentido, tomar como punto de partida para el análisis la distribución social y espacial de la degradación ambiental conlleva tener en cuenta una dimensión histórica de la conformación de los territorios. Esta perspectiva de análisis aplicada a la Región Metropolitana de Buenos Aires, específicamente a su primer cordón, requiere trazar el vínculo entre emplazamiento industrial, migración y urbanización. Comprender y trazar la especificidad de este vínculo en los territorios analizados no sólo permite dimensionar la heterogeneidad territorial de un municipio. La indagación y reconstrucción de esa cronología puede darnos el indicio de cómo el proceso de degradación socio-ambiental se torna, muchas veces, imperceptible para los habitantes más antiguos de estos barrios como lo demuestra Auyero y Swistun (2008) para el caso de Villa Inflamable en el conurbano sur de Buenos Aires. A partir de esta denuncia académica como popular se producirá un quiebre en la reciente historia ambiental de nuestro país que tiene como escenario la compleja trama urbana de la cuenca Riachuelo-Matanza con el fallo de la Corte Suprema del 8 de julio de 2008 y la creación de un organismo gubernamental como como la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).5
El trabajo que presentamos está basado en un estudio sobre las condiciones socioambientales del Barrio José Hernández de la zona conocida como Quilmes Oeste del Municipio de Quilmes en el conurbano sur de Buenos Aires. Por su escala y su particular configuración territorial, delimitado por el arroyo Las Piedras, el Camino General Belgrano y por dos calles transversales que sirven de límite con la ex papelera Massuh y otras industrias, resultó ser un barrio testimonial, para aproximarse al estudio de la vulnerabilidad socio-ambiental en el Partido de Quilmes.
5. Características del barrio José Hernández. Radicación industrial y urbanización
La normativa de zonificación6 del Partido de Quilmes establece la existencia de dos áreas: la urbana y la complementaria. El área urbana se subdivide en urbanizada – zonas que tienen acceso a servicios de agua potable y desagües cloacales de red – y las zonas semi-urbanizadas definidas como aquellas zonas que carecen de uno o ambos servicios. En esta clasificación el Barrio José Hernández se caracteriza por ser parte de una zona semi-urbanizada. Según el estudio “Vulnerabilidad socio-ambiental en el Barrio José Hernández – Quilmes Oeste” (PIIDISA, 2013) los hogares del barrio son abastecidos, en su totalidad, por el tendido de red pública de agua realidad que coincide con la situación de saneamiento del Partido el cual, según revelan los datos censales del año 2010, el 92.1% de su población cuenta con aprovisionamiento de agua por red. Sin embargo, en cuanto al sistema de eliminación de aguas servidas, los datos relevados por el estudio muestra que el 92% de los hogares no cuenta con un sistema seguro de eliminación sino que su gestión aún continúa siendo doméstica. En este sentido, el estudio de campo reveló que el 82% de los hogares predomina el sistema de pozo ciego sin cámara séptica que constituye una solución altamente contaminante dado que consiste en una corta profundización de los desechos (aguas y sólidos) sin previa licuación ni descontaminación biológica, lo que agrava aún más el riesgo a no acceder al consumo de agua segura y a la contaminación del arroyo que, además recibe los desechos industriales.7
En cuanto a las condiciones básicas de infraestructura del Barrio José Hernández, el 70% de las calles pavimentadas pertenece al área de los hogares que se encuentran linderos al Camino General Belgrano y la calle 816 donde se asientan distintas fábricas, entre ellas la de Alimento Balanceado, las calles de las viviendas asentadas en las manzanas linderas a ex Papelera Massuh y el arroyo Las Piedras son predominantemente de tierra o mejorado. Dentro de esta desigual distribución de infraestructura básica del barrio, más del 60% de las calles de mejorado y tierra se concentran en las manzanas ubicadas en las proximidades del arroyo por lo que podemos señalar que son los hogares más vulnerables a anegamientos frente a cualquier acontecimiento de lluvia fuertes o desbordes del arroyo.
Por otro lado, según la ordenanza de zonificación y uso del suelo del Partido, n°4545 sancionada el 28 de febrero de 19798 del Partido de Quilmes, en el área sub-urbanizada se establecieron las zonas industriales clasificadas, según el capítulo 3 de la mencionada norma, en Zona Industrial exclusiva (ZI-1) y sus áreas complementarias: Zona Industrial de Segunda (ZI-2)9 y zona de recuperación industrial exclusiva (ZRI). Tanto en la zona exclusiva como la de recuperación industrial el artículo n° 27 y el artículo n° 64 y 65 establecían “no se permitirá la construcción de vivienda” disposición que en términos formales se respeto no así en forma real. Según el mismo capítulo de la normativa, artículo n° 7, inciso E, la zona residencial R4-1, la cual define los límites del Bo. José Hernández como una zona “con infraestructura incompleta o sin infraestructura en subárea semiurbanizada con densidad de población baja” se encuentra a una calle de distancia de la ex papelera Massuh radicada en los que esta misma normativa define como zona industrial exclusiva. Si bien la papelera Massuh, se localiza en la zona delimitada para su uso industrial según la normativa arriba citada, la contigüidad del asentamiento del barrio José Hernández pone en entre dicho la regulación y planificación municipal en lo que a sanidad ambiental y zonificación urbana respecta.
Según el estudio realizado en el año 2013, el 74% de los hogares declaró residir en el barrio entre 20 y 60 años. Al hacer un corte en 40 años de residencia nos permitió estimar, pese a que las variaciones fueron mínimas, una tendencia en el proceso de urbanización del barrio. Las áreas del barrio correspondientes a las viviendas linderas a la ex papelera Massuh y la del la fábricas de la calle 816, son las áreas que presentan el asentamiento más antiguo mientras que el área del Camino General Belgrano, así como también las de arroyo parecieran ser las zonas en donde las habitantes se asentaron más tarde o presentan una mayor movilidad de sus residentes. Si consideramos este corte temporal, se puede inferir cómo el barrio comienza a consolidarse en el mismo período en el que la papelera Massuh amplía sus instalaciones al incorporar, en el año 1971, la planta de celulosa semiquímica de Sunds Defibrator instalando la división Celulosa y Papel cercana al arroyo Las Piedras.
Otra vía para analizar este proceso es la causa “Vela Dario Rene y otros C/ Massuh S.A y otros S/Reparación o Recomposición de daño ambiental” que actualmente continúa abierta sin sentencia definitiva.10 En una de las audiencias de conciliación el Juez a cargo de la causa señalaba la dificultad de establecer qué proceso fue primigenio: si la radicación de la industria contaminante o el asentamiento de vecinos en las zonas linderas a la papelera o, si bien, ambos procesos fueron simultáneos. Simultaneidad que, según lo desarrollado más arriba pareciera ser inherente a las características de desarrollo económico y de urbanización de ciertos barrios del Partido de Quilmes.
En una de las tantas audiencias para resolver el conflicto entre los vecinos del Barrio José Hernández y la ex papelera Massuh, el juez advertía la complejidad para alcanzar un acuerdo habida cuenta “de la incompatibilidad entre el uso residencial e industrial que se pretende otorgar al espacio territorial implicado”. Sin embargo señalaba “que a efectos de dirimir la contienda no resulta pertinente elucidar si los habitantes han invadido la zona industrial o ha ocurrido lo inverso” (Argentina, 2009). Si bien el esclarecimiento, como lo señalaba el juez de la causa contra Massuh, no resulta pertinente sí nos permite identificar el impacto que genera la falta de regulaciones y políticas de planificación urbana por parte del gobierno municipal.
Otro aspecto interesante revelado por el estudio realizado en el año 2013, fue que el barrio José Hernández como caracterizarse como un área residencial de extracción predominantemente obrera o si se prefiere, popular donde la mayor parte son propietarios de sus viviendas. Los resultados del trabajo de campo revelaron que el 50% de los hogares percibe ingresos laborales más algún ingreso complementario preveniente, en su mayor parte, de la seguridad social, mientras que sólo un 34% de los hogares obtiene sus ingresos exclusivamente de trabajo, sea este temporal o formal. Más del 80% de los hogares, obtienen sus ingresos principalmente del trabajo formal, es decir, trabajos en donde uno o más miembros del hogar trabajan en alguna empresa, fábrica o cooperativa. Sólo el 10% de los hogares además de un trabajo formal como principal sostén obtiene ingresos complementarios por trabajos temporales que realiza otro integrante de la familia. Dentro de los empleos formales, predominan los trabajos en establecimientos privados (65%) y, en menor proporción, los empleos públicos (15%).
La percepción ambiental diferenciada se refuerza a partir de una de las preguntas realizadas que sondeó si los habitantes del barrio habían contemplado alguna vez la posibilidad de mudarse a algún lugar más ambientalmente sano. Sólo un 42% de los hogares manifestó haber pensando mudarse en algún momento. La mayor parte de los encuestados identificó a la contaminación (57%) como el principal factor por el cual se mudarían mientras que las inundaciones aparecen como un factor secundario. Por otro lado, los hogares donde predominó la necesidad de mudarse por factores como la contaminación fueron aquellos hogares con más antigüedad en el barrio (más de 40 años) siendo un porcentaje significativo (53%) mientras que los que viven en él hace menos de 20 años adjudicaron el deseo de mudarse los problemas de robos e inseguridad. La paradoja del cierre de la papelera es que genera otras situaciones de riesgo urbano como la presión de algunos sectores más empobrecidos que encuentran nuevos intersticios urbanos para su ocupación.
Por otro lado, del total de vecinos que declararon querer mudarse, el 50% declaró que no habían podido hacerlo porque “no tiene otra alternativa”, mientras que un porcentaje menor respondió que estaban “acostumbrados” a vivir ahí. Antes que una actitud de resignación o conformismo, entendemos estas respuestas expresan la importancia que adquiere el tiempo de residencia que los habitantes tienen en el barrio y, principalmente, la propiedad de la vivienda si consideramos que el mayor porcentaje de los hogares encuestados son residentes del barrio con un promedio de 40 años y la totalidad de los encuestados son propietarios de las viviendas que habitan, seguramente la única vivienda a la que podrían acceder. Por otro lado, al ser un barrio que se encuentra expuesto a distintos factores contaminantes e inundaciones el valor de sus propiedades se desvalorizan, por lo que la posibilidad de vender para “comprar” otra vivienda en un lugar con un ambiente urbano sano puede resultar dificultoso o, directamente, imposible. Estas escenas urbanas se reiteran con un paisaje similar a lo largo de las áreas urbanas deterioradas por la contaminación, o por la amenaza a inundaciones frecuentes.
6. Las tensiones de la justicia ambiental: daños ambientales y lucha por el trabajo
El proceso de quiebra de la empresa Massuh conllevó la movilización y reclamos de los trabajadores. En primera instancia por el pago de salarios adeudados y luego por no perder la fuente de trabajo. De esta forma durante los primeros meses del año 2009, se efectuaron una serie de movilizaciones al Ministerio de Trabajo, cortes de ruta en el Camino General Belgrano y el pedido de estatización y recuperación de la fuente de trabajo una movilización a la rotonda de Alpargatas. Una vez intervenida la empresa por el Estado el conflicto no mermó y los trabajadores continuaron bregando por la recuperación mediante la conformación de una cooperativa.11 Paralelamente a este conflicto, continuaba la causa iniciada por los vecinos quienes denunciaron graves problemas de salud causados por el derrame de desechos industriales y por los ruidos molestos generados por la “chipeadora” o “chipera”, máquina que reduce los troncos a astillas.
En el marco del conflicto por la recuperación de la fábrica, se dictaminó la clausura preventiva en septiembre de 2009 lo que agravó aún más la situación de la resolución del conflicto por la reapertura y recuperación de la fuente laboral. Esta clausura cautelar fue una más en el historial de la papelera.12 Si bien Massuh alegó haber implementado una metodología totalmente libre de cloro (TCF) para la producción de celulosa adaptando la planta a las normas de cuidado del ambiente, un informe de Greenpeace (2006) señaló que esta readaptación no fue del todo cierta ya que se observaban restos de lignina y cloro en el arroyo. Es de destacar que el arroyo Las Piedras, no sólo está contaminado por residuos orgánicos como la lignina sino que también recibe los desechos que vierten las graseras, los frigoríficos cercanos y otras industrias. Este tipo de amenaza se ve agravada, además, por la falta de control sobre las empresas no sólo las que limitan el barrio sino aquellas que se ubican en la vera del arroyo en toda su extensión. En este sentido, el grado de contaminación del arroyo Las Piedras pone de manifiesto no sólo la baja calidad de agua sino y principalmente, el riesgo para la salud de los habitantes del barrio.
En la audiencia 17 de septiembre de 2009, se alcanzó un acuerdo entre la Papelera Quilmes de Argentina Fideicomisos SA, (ex Massuh) junto a la Municipalidad de Quilmes quienes se comprometieron a implementar una serie de medidas de mitigación y reparación ambiental. Entre estas acciones se encontraba el reclamo de garantizar la efectiva instalación de salas de primera atención y médicos especialistas, como dermatólogos, para garantizar revisiones médicas periódicas y generales a todos los vecinos del barrio. En el mes de diciembre de ese mismo año se acordó una nueva audiencia para definir y replanificar el plan de reparación ambiental parcialmente incumplido. En el marco de esta audiencia, la Sra. Vela declaraba que, de sus cuatro hijos, uno tiene “especiales problemas respiratorios, que le dan paf todas las noches que, además en el invierno todos estuvieron así, que no pueden respirar, que se les cierra el pecho”. La declaración del Sr. Correa en esa misma audiencia reforzaba el daño a la salud que la actividad de la papelera provocaba a los habitantes del barrio. Así sostenía “se brota la piel, se producen llagas, que muchas veces le duele la cabeza […] que cuando se reabrió la fábrica los problemas de salud se incrementaron” (ARGENTINA, 2009).
Pese a los cuatro años transcurridos desde el inicio de la causa, el objetivo del juez al convocar esta última audiencia era intercambiar “información entre las partes” para alcanzar, “un eventual acuerdo […] y lograr, de ese modo, la culminación total o parcial de la controversia”. Para alcanzar este acuerdo, el juez asumió como “consumado” el hecho de que los vecinos aledaños a la planta “conviven con la actividad industrial de un modo que, a simple vista, se advierte irregular” por lo que la audiencia se proponía:
[…] verificar si es posible lograr la pacífica convivencia de ambas actividades, con la menor interferencia posible, para armonizar los derechos implicados, en particular, los de trabajar y ejercer toda industria lícita, por un lado y los referidos a salud y a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, por el otro.” (TRIBUNAL DE LA PLATA, transcripción audiencia del 22 de diciembre de 2009).
Si bien los vecinos que iniciaron la demanda contra la papelera se manifestaban partidarios de alcanzar el acuerdo, siempre y cuando se cumpliera con el plan de remediación ambiental, la causa explicitó una tensión subyacente y tendencialmente irresoluble entre dos derechos ciudadanos básicos.
A pesar de continuar latente la colisión del derecho al trabajo y el derecho a un ambiente sano en tanto se prevé la apertura de la papelera, se pudo constar en el estudio exploratorio realizado que el 62% de los hogares encuestados declaró que luego del cierre de la papelera mejoraron las condiciones del barrio. Esta mejora se vincula, centralmente, a la disminución de los efectos nocivos de distintos factores de polución como malos olores, la presencia de humo-polvo en el aire y la mala calidad del agua para el consumo.
Pese al proceso de degradación ambiental y los efectos sobre la salud que la instalación de la papelera y de otras industrias que actualmente continúan en actividad (algunas en clandestinidad) se destaca, sin embargo, la forma en la cuales los actores colectivos “viven, interpretan y elaboran las señales positivas y negativas sobre la situación concreta” (KOWARICK, 1996, p. 736). En este sentido, es interesante destacar que ante la pregunta realizada a los responsables de los hogares encuestados, sobre qué acciones públicas reclamaría para mejorar la calidad de vida en el barrio, predominó la enumeración de acciones como el aumento de la seguridad (44%) junto a la realización de mejoras estructurales (cloacas, asfalto, alumbrado público). Si bien la diferencia entre las demandas de seguridad y obras de infraestructura no fue significativa, es interesante observar que las dos únicas acciones orientadas a garantizar un control efectivo sobre los factores de polución del barrio no aparecieron como demandas centrales, pese a ser una comunidad que reconoce la contaminación ambiental como un factor que degrada sus condiciones de vida. En este sentido es interesante destacar cómo el “entubamiento y limpieza del arroyo” no surgió como una demanda por parte de los hogares linderos al arroyo y “el control de fábricas” sólo apareció como demanda más pronunciada en los hogares linderos con la ex papelera y la fábrica de alimento balanceado y resultó una demanda ausente en los hogares de otras áreas del barrio. Esta respuestas, nos permitió interrogarnos sobre las temporalidades y de los procesos que llevan a tomar conciencia sobre los efectos de la degradación ambiental en poblaciones cotidianamente expuestas. Es decir, los efectos sobre la salud y las condiciones generales de vida que producían y producen los desechos de industrias altamente contaminantes pueden no ser perceptibles de forma inmediata por la comunidad que linda con estos emplazamientos industriales por lo que muchas veces tienden a naturalizarse (AUYERO; SWISTUN, 2008) o si se prefiere, estar ausente de los reclamos inmediatos.
En este sentido, otro dato significativo de aquel estudio fue que no surgía la necesidad de organizarse o buscar un lugar de encuentro en donde se discutan estas demandas o la necesidad para mejor la calidad de vida del barrio. Al respecto, el 88% de los hogares encuestados declararon no participar en ninguna entidad barrial. Esta aparente contradicción entre el reconocimiento de un ambiente contaminado y la ausencia de demandas activas por parte de los habitantes del barrio puede estar indicando cómo los ambientes contaminados en la vida diaria inscriben como parte de un paisaje cotidiano. Estos resultados generan nuevas preguntas. ¿Con el cierre de la industria los vecinos habrán dado por finalizado el problema de la contaminación? O ¿las preocupaciones vecinales están orientadas hoy a otros problemas ambientales como las inundaciones?
7. Reflexiones finales: contaminación y después. Un final abierto
La carencia de servicios e infraestructura, de transporte de calidad a la que se le superpone, la mayor de las veces, un entorno de intensa contaminación ambiental manifiesta la desigual distribución socio territorial y la injusticia ambiental vivida a diario en vastas zonas del conurbano sur. En el abandono y segregación espacial de estos barrios puede percibirse el aislamiento físico de estos sectores que dan invisibilidad a su situación socio-ambiental y acalla los conflictos socio-ambientales.
En conjunto, si tomamos en cuenta la zonificación establecida en el partido de Quilmes en 1979, los datos obtenidos de las encuestas realizadas en el Barrio José Hernández y la historia de la ex papelera Massuh podemos afirmar que la reglamentación de los usos del suelo en el partido de Quilmes, y la consiguiente delimitación de las zonas industriales de las residenciales respondió antes que a una planificación urbana a la necesidad tipificar el uso del suelo una vez consumado. El análisis de la normativa de zonificación del Partido de Quilmes, da cuenta de su función regulatoria inescrupulosamente formal si consideramos que la disposición de la zona industrial exclusiva establece “la prohibición de viviendas” mientras que delimita de forma contigua la zona residencial de baja densidad, como el Barrio José Hernández. Estas realidades urbanas opuestas, sólo está distanciada por un límite tan formal como el trazado de la calle n° 822.
La localización de un barrio colindante a una de las industrias más dañinas para el ambiente y la salud de las personas, evidencia no sólo las contradicciones de la política municipal sino la falta de políticas de regulación sobre las industrias contaminantes. En este sentido puede observarse cómo ante la falta de regulación y planificación urbana municipal se consolida, con el correr del tiempo, “zonas de sacrificio” en donde las industrias contaminantes y las empresas avanzan sobre poblaciones, social y política desprotegidas así como también empobrecidas (BULLARD, 2004, p. 48).
Sin embargo queda el interrogante de si la constitución estos barrios y las padecimientos cotidianos de sus habitantes son producto de una política deliberada, más allá de la persistente desidia gubernamental, o son los efectos sociales de un modelo de desarrollo que comienzan a hacerse cada vez más manifiestos. En este sentido, la radicación industrial a lo largo del Camino General Belgrano y a la vera del arroyo Las Piedras en el Partido de Quilmes consolidó una zona caracterizada por la alta concentración fabril y, por lo tanto, en un lugar en dónde la probabilidad de conseguir un terreno o evitar largos viajes para llegar al trabajo reforzó la localización de los sectores populares, beneficiando el negocio inmobiliario del loteo popular. Si a este proceso le sumamos que los efectos de la degradación son paulatinos y acumulativos podemos comprender de forma más compleja el por qué la polución ambiental puede constituirse en parte de una realidad social asumida y cotidiana para muchos habitantes de los barrios populares del conurbano sur.
Por otro lado, si bien la contaminación directa que generaba la papelera cesó, la exposición a otros problemas ambientales aun continúan sin resolverse como la presencia de fábricas que emanan efluentes tóxicos como las graseras y la fábrica de alimento balanceado, las inundaciones frecuentes, el afloramiento de la napa como consecuencia de complejos procesos de no explotación del agua subterránea que hacen al ascenso de los niveles, y a la problemática de la basura. Todos estos problemas ambientales aun persisten e inclusive, han incrementado los efectos nocivos sobre los vecinos. En este sentido, cada vez más, el barrio José Hernández es noticia en los diarios locales por las frecuentes inundaciones. Los vecinos visualizan con claridad el problema de la falta o insuficiente infraestructura integral que no dan respuesta al problema del agua y no pierden oportunidad para dar testimonio de esta amenaza constante en los medios gráficos locales.
Si bien la resolución del conflicto por reparación ambiental aún se encuentra en proceso y la recuperación de fuentes de trabajo pareciera avizorarse ante la reciente compra de la papelera, queda la incógnita bajo qué condiciones es realmente posible “la convivencia pacífica de ambas actividades”. Es decir, que el después es el mismo ahora más aún si la planta de Massuh se reabre y todo empieza nuevamente o dicho más simplemente un después sin justicia ambiental a la vista.
Esta situación abre, por otro lado, otro interrogante referido a las modalidades en las cuales el conflicto ambiental se hace manifiesto en distintos barrios del conurbano. Muchas veces estos conflictos son acallados, ocultos o simplemente quedan latentes frente a la emergencia de mantener o crear nuevas fuentes de empleo, por lo que el derecho de los sectores populares a vivir en un ambiente sano queda subsumido en una compleja y muchas veces falsa dicotomía: el desarrollo industrial a cualquier costo o un paisaje urbano degradado constituido en un cementerio industrial. La sumisión y el disciplinamiento social presionan no solo por el acceso al hábitat digno o el empleo sino también en las condiciones urbanas ambientalmente saludables a la que pueden aspirar los diferentes sectores sociales.
También es cierto que los vecinos están sensibles a las experiencias recientes de contaminación y sus efectos nocivos en la salud y en las condiciones de vida en general por lo que genera un nuevo piso de demandas en torno a más regulaciones y la exigencia de prácticas industriales sustentables. Nada es lineal. En otras palabras esta y otras realidades urbanas nos plantean un final abierto.
Notas
1 Sobre el campo del Derecho Ambiental y la Justicia Ambiental existen numerosos trabajos, entre ellos Amusquiba, Gonzalo. 2006. “Justicia Ambiental local y global. Un análisis desde el Derecho Argentino”.
2 Los barrios considerados por el Municipio de Quilmes para realizar el Censo social fueron 24 de Diciembre, 9 de Agosto, El Arroyito, El Matadero, El Monte, El Sol, El Tala, El Tanque, Eucaliptos de Quilmes, Eucaliptos de Solano, Instituciones Unidas, Km13, Kolinos, La Esperanza Grande, La Florida, La Matera, La Resistencia, La Ribera, la Ribera de Bernal, La Unión, La Vera, Laprida, Los Álamos, Monteverde, San Cayetano, Santa Lucía, IAPI, La Sarita, Saionara, Villa Azul, Villa Itatí y Villa Luján.
3 En Los Ángeles se conformó en 1983, Concerned Citizens of South-Central Los Angeles (CCSLA) y en 1984 población latina se agrupó alrededor de Mothers of East Los Angeles (MELA) quienes se movilizaron contra la instalación de incineradores. En Chicago comunidades principalmente latinas y afroamericanas fundan People for Community Recovery. Vecinos del barrio de Harlem, New York, se organizaron en torno a West Harlem Environmental Action (WHEACT) para movilizar y concientizar a los vecinos sobre los problemas medioamentales del barrio. En el año 1990 en Albuquerque, Nuevo México, se conformó la asociación Southwest Network for Economic and Environmental Justice (SNEEJ). En Louisiana comunidades multiraciales, organizaciones de derechos civiles y religiosas pertenecientes al corredor industrial del Mississippi, zona denominada Cancer Alley organizaron un gran marcha, en 1999, para denunciar la contaminación de las grandes industrias y sus consecuencias nocivas en la salud de los habitantes.
4 Según Plot y Andrade (2012) hoy en el partido de Quilmes unas 100.000 personas habitan en villas y asentamientos en condiciones de irregularidad y de exposición a la inundación, es decir el 19,2% del total de su población.
5 La ACUMAR es un organismo público, creada en 2006 e intimada por la Corte Suprema de Justicia en 2008 a implementar un plan de saneamiento. Es un ente autónomo, autárquico e interjurisdiccional en el que tienen competencia el gobierno nacional, provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
6 Se tomó en cuenta para el análisis la Ordenanza n°4.545 de 1979 ya que no hubo grandes modificaciones pese a haber sido sancionadas dos ordenanzas posteriormente: la ordenanza n° 4.930 de 1982 y n°10337 de 2006.
7 Un estudio de la Universidad de La Plata realizado en el año 2012 por el Ingeniero Elordi, sobre la calidad microbiológica de los arroyos Las Piedras y San Francisco determinó que “ambos arroyos presentan una gran carga bacteriológica de tipo fecal” asociada a la falta del servicio de cloacas en los hogares establecidos en las entidades de Quilmes Oeste, Bernal Oeste y San Francisco Solano.
8 Esta ordenanza responde a las disposiciones del artículo art. 70º y 74º al Decreto Ley decreto-ley 8.912/77 “Ordenamiento Territorial y uso del suelo” de la Provincia de Buenos Aires. En estos se preveía que cada municipio estableciera un área de planeamiento y el reordenamiento territorial del partido el cual no se alcanzó a implementar según consta en la justificación de la Ordenanza n°10337/06, Municipalidad de Quilmes.
9 En la zona industrial de segunda se establece la construcción de una vivienda por parcela y la radicación de comercios siempre y cuando el tipo de industria radicado en ese sector sea considerado “de actividad inocua”.
10 La causa n° 2539 la cual se radicó el 28 de febrero del 2005 en la Cámara de lo Contencioso Administrativo n°1 de La Plata, a cargo del Juez Arias, fue elevado desde el mes de noviembre del año 2013 a la Secretaría de Demandas Originarias de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Hasta el momento no tiene sentencia definitiva.
11 El 20 de julio de 2010 ante el fracaso del proceso de estatización, los 470 trabajadores despedidos de la planta de Quilmes, reclamaron la concertación de una mesa de diálogo para encontrar una salida ante el cierre de la papelera Quilmes. Una de las propuestas para recuperar las fuentes de trabajo fue la conformación de una cooperativa de trabajo Cfr. http://www.ctabsas.org.ar/Trabajadores-de-la-ex-Massuh.html (visto: 28-7-2014)
12 El 1° de marzo del año 2006, la papelera ya había sido clausurada por irregularidades en la línea de producción. Si bien la empresa tenía un plan de adecuación de la planta para cumplir con las normas ambientales hasta diciembre del 2005 ésta no se había realizado. El 22 de abril de 2006, la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires volvió a clausurarla “en virtud de las múltiples irregularidades e infracciones a la Ley 5.965, y la persistencia de la alta carga contaminante de los efluentes líquidos que genera y vuelca en el arroyo Las Piedras”.
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